Juan sin tierra ni barranca
Juan sin tierra ni barranca
Francisco Javier Chaín Revuelta
Un escarnio terrible para toda la cultura y civilización de nuestro famoso siglo veintiuno es el hecho de que en las ciudades el 90 por ciento de la población y aún más no disponen de un lugar que puedan llamar suyo.
Las grandes aglomeraciones urbanas de la región se caracterizan sin excepción por una enorme producción espontánea de vivienda popular. La causa es simple; precariedad total o ausencia de oferta formal, tanto de mecanismos públicos como del mercado formal para facilitar el acceso a alojamiento a la población de menores ingresos.
Sin embargo, como toda demanda genera su oferta, en este caso particular, la gran demanda de alojamiento ha generado en nuestras sociedades mecanismos informales, irregulares, con frecuencia calificados de ilegales, para el acceso de las familias de menores ingresos a soluciones habitacionales precarias y progresivas, que si bien “aparentemente resuelven” el problema inmediato de alojamiento, en la práctica lo que se genera es una acumulación de necesidades insatisfechas, altamente costosa en términos sociales y fiscales.
Tales son los motivos de considerar estos asentamientos como incompletos e inadecuados. Dentro de la gran variedad de carencias, podemos citar la más frecuente y relevante para una adecuada calidad de vida. Ausencia o mala calidad de alcantarillados y drenajes, riesgos activos por ausencia de tratamiento a la conducción de aguas lluvias, ausencia o mala calidad de redes de energía eléctrica y riesgos por conexiones clandestinas, alta densidad por sobre-ocupación de los terrenos lo cual determina ausencia de espacio público, y de áreas verdes y recreativas, dificultades, alto costo y mala calidad para la movilidad de los habitantes, etc.
Los asentamientos, así generados constituyen el mayor volumen del déficit habitacional si consideramos que no necesariamente cada hogar debe poseer vivienda propia. De hecho los asentamientos incompletos e inadecuados albergan un importante volumen de familias en alquiler, quienes igualmente padecen las limitaciones y precariedades del asentamiento además de la informalidad contractual del alquiler y la muy baja relación costo-beneficio entre el precio del alquiler y la calidad de la oferta.
A los municipios en general, aun les cuesta trabajo reconocer esta realidad, social y económica a pesar que, permanente y de forma creciente han tenido que invertir recursos fiscales locales en la regularización de tierras, la dotación y mejoramiento de los servicios públicos y la infraestructura para facilitar la movilidad de la población.
Los paradigmas de expansión ilimitada de las ciudades y la solución habitacional para la población de menores ingresos, en propiedad privada, se enfrentan hoy a severas limitaciones ambientales, económicas y fiscales que es necesario reconocer y asumir como desafíos concretos e inmediatos, tanto para las políticas públicas y el dispositivo institucional como a los actores de la oferta del mercado. Todo esfuerzo social y público para avanzar en materia de vivienda para las familias mas pobres que no considere el tema del valor del suelo urbanizado termina transfiriendo riqueza solo a los propietarios y expulsando a la población a la periferia y las zonas de riesgo como esta demostrado. fjchain@hotmail.com
Un escarnio terrible para toda la cultura y civilización de nuestro famoso siglo veintiuno es el hecho de que en las ciudades el 90 por ciento de la población y aún más no disponen de un lugar que puedan llamar suyo.
Las grandes aglomeraciones urbanas de la región se caracterizan sin excepción por una enorme producción espontánea de vivienda popular. La causa es simple; precariedad total o ausencia de oferta formal, tanto de mecanismos públicos como del mercado formal para facilitar el acceso a alojamiento a la población de menores ingresos.
Sin embargo, como toda demanda genera su oferta, en este caso particular, la gran demanda de alojamiento ha generado en nuestras sociedades mecanismos informales, irregulares, con frecuencia calificados de ilegales, para el acceso de las familias de menores ingresos a soluciones habitacionales precarias y progresivas, que si bien “aparentemente resuelven” el problema inmediato de alojamiento, en la práctica lo que se genera es una acumulación de necesidades insatisfechas, altamente costosa en términos sociales y fiscales.
Tales son los motivos de considerar estos asentamientos como incompletos e inadecuados. Dentro de la gran variedad de carencias, podemos citar la más frecuente y relevante para una adecuada calidad de vida. Ausencia o mala calidad de alcantarillados y drenajes, riesgos activos por ausencia de tratamiento a la conducción de aguas lluvias, ausencia o mala calidad de redes de energía eléctrica y riesgos por conexiones clandestinas, alta densidad por sobre-ocupación de los terrenos lo cual determina ausencia de espacio público, y de áreas verdes y recreativas, dificultades, alto costo y mala calidad para la movilidad de los habitantes, etc.
Los asentamientos, así generados constituyen el mayor volumen del déficit habitacional si consideramos que no necesariamente cada hogar debe poseer vivienda propia. De hecho los asentamientos incompletos e inadecuados albergan un importante volumen de familias en alquiler, quienes igualmente padecen las limitaciones y precariedades del asentamiento además de la informalidad contractual del alquiler y la muy baja relación costo-beneficio entre el precio del alquiler y la calidad de la oferta.
A los municipios en general, aun les cuesta trabajo reconocer esta realidad, social y económica a pesar que, permanente y de forma creciente han tenido que invertir recursos fiscales locales en la regularización de tierras, la dotación y mejoramiento de los servicios públicos y la infraestructura para facilitar la movilidad de la población.
Los paradigmas de expansión ilimitada de las ciudades y la solución habitacional para la población de menores ingresos, en propiedad privada, se enfrentan hoy a severas limitaciones ambientales, económicas y fiscales que es necesario reconocer y asumir como desafíos concretos e inmediatos, tanto para las políticas públicas y el dispositivo institucional como a los actores de la oferta del mercado. Todo esfuerzo social y público para avanzar en materia de vivienda para las familias mas pobres que no considere el tema del valor del suelo urbanizado termina transfiriendo riqueza solo a los propietarios y expulsando a la población a la periferia y las zonas de riesgo como esta demostrado. fjchain@hotmail.com
posted by fjchain at 3:47 PM
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